El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó el 14 de agosto de 2026 a Estados Unidos de mantener una política de máxima presión contra la isla para reducir la capacidad del Gobierno de proveer bienes y servicios básicos, con la intención de provocar irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional.
A través de sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo que Washington identifica y ataca las principales fuentes de ingresos externos de la economía cubana. Sus señalamientos se producen en un contexto de nuevas sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial, conocido como GAESA.
Críticas a las sanciones financieras
Rodríguez afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense y otras agencias han impuesto 24 multas a entidades financieras, aseguradoras, empresas de viajes, compañías tecnológicas y firmas de logística de terceros países. Según el canciller, esas sanciones representan más de 4 mil 014 millones de dólares por supuestas violaciones de las restricciones estadounidenses contra Cuba.
El funcionario también señaló que las medidas actuales forman parte de una continuidad de acciones adoptadas durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Entre los antecedentes mencionó las restricciones contra Fincimex y American International Services para procesar remesas, vigentes desde el 24 de septiembre de 2020.
Asimismo, recordó las sanciones contra el Banco Financiero Internacional, aplicadas desde el 1 de enero de 2021, y las medidas anunciadas el 23 de junio de 2026 contra instituciones financieras que, según Washington, operan bajo la estructura de GAESA.
Crisis energética y tensión bilateral
La Habana y Washington atraviesan una nueva etapa de tensión, marcada por la crisis energética y económica que enfrenta Cuba, así como por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante 2026. El Gobierno cubano sostiene que las restricciones han agravado las dificultades para importar combustible, operar sus sistemas financieros y mantener servicios esenciales.
La crisis se ha reflejado en apagones prolongados, interrupciones del transporte público y limitaciones en hospitales, bancos, oficinas estatales y telecomunicaciones. También se han reportado aumentos en los precios de alimentos y medicamentos, especialmente en los mercados informales.
En distintas zonas de la isla se han registrado protestas pacíficas, cacerolazos y quemas nocturnas de basura protagonizadas por grupos que reclaman electricidad, agua y gas. De acuerdo con el reporte, algunas de estas manifestaciones han sido reprimidas por la policía.
Rodríguez vinculó este escenario con la política estadounidense de máxima presión, mientras Washington sostiene que sus medidas buscan presionar al Gobierno cubano y limitar los recursos administrados por entidades estatales y militares. La disputa mantiene sin resolver el futuro de las relaciones entre ambos países y el impacto de las sanciones sobre la población cubana.